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La incautación de bienes decomisados en razón de delitos de todo tipo, conlleva una responsabilidad del Estado de captación, organización, valoración y cuidado de los bienes hasta la decisión judicial de extinción de dominio, para devolverlos o disponer de ellos en venta o entregarlos a alguna entidad del Estado para su uso. Incluye las normas sobre aprehensión y administración de bienes comisados, bienes abandonados, extinción de dominio y derecho comparado.