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El Código procesal penal que ha entrado en vigencia, inscrito en el modelo acusatorio, transforma el régimen probatorio de juzgamiento penal patrio significativamente, a la vez que reconoce la preeminencia de la presunción de inocencia. No se trata de una mera declaración si no de tardío acatamiento en nuestro medio, de lo consagrado por la Constitución Politica en el articulo 22, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el articulo 8 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos en el artículo 14. Esto, primordialmente por la interpretación exegética, napoleónica y literal de Codigo Judicial que en la Practica hacen los tribunales nacionales, al margen de los precitados texto fundamentales.
